Por norma general, la mayoría damos por sentado el acceso a productos financieros básicos como una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito. Sin embargo, tener disponibles estos mecanismos no siempre es posible en países menos avanzados. Satisfacer las necesidades de la población a través de servicios de permitan las transacciones, la gestión de pagos, la contratación de seguros o las inversiones, entre otros, es lo que se denomina inclusión financiera, un aspecto que debe ser fomentado tanto por instituciones públicas como privadas. De este modo, solo garantizando el acceso a servicios financieros que resulten útiles y asequibles estaríamos en posición de cubrir las necesidades de los ciudadanos de un modo responsable y sostenible. Por tanto, la inclusión financiera es fundamental para promover un crecimiento económico sostenido e inclusivo.
Según un estudio sobre Inclusión Financiera en España realizado por Afi (Analistas Financieros Internacionales), el sistema financiero español aprueba con nota. Podemos presumir de un grado de inclusión financiera sobresaliente, puesto que más del 95% de la población tiene cuentas bancarias. Además, contamos con la segunda mayor red de oficinas bancarias de toda Europa. Este logro es todo un hito si se tiene en cuenta al cierre masivo de sucursales que experimentó el país en la anterior crisis, pasando de 45.500 oficinas en 2007 a 26.166 en 2019, un recorte del -47,2%. No obstante, aún queda camino por recorrer, dado que la pandemia ha puesto de relieve que hay hacer un mayor hincapié en materia de digitalización financiera. Asimismo, existen factores como la despoblación y el envejecimiento de la población que restan fuerza a la inclusión financiera. En este sentido, se debe trabajar mucho para fomentar un acceso más universal dentro de la España vaciada y de cara al cliente senior.
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¿Es la digitalización la mejor solución para la inclusión financiera?
Dos de las estrategias que están llamadas a servir de verdaderos revulsivos para la inclusión financiera son la educación financiera y la digitalización. En ocasiones, ambas se interrelacionan entre sí con el fin de presentarse como un única solución. En lo que respecta a la digitalización, llevamos desde hace años comprobando como la penetración en la sociedad de los dispositivos fijos y móviles con Internet ha revolucionado el modo en el que nos relacionamos con las finanzas. Tal y como señala el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el 78% de las viviendas españolas con al menos una persona de 16 a 74 años disponía de un ordenador de sobremesa o portátil en 2021, un porcentaje que escala hasta el 99,5% si hablamos del teléfono móvil. Hace mucho que para operar con nuestras cuentas bancarias ya no es necesario acudir de forma presencial a la oficina. Además, la irrupción de la COVID-19 ha impulsado aún más esta tendencia a estar al día de nuestra situación financiera de forma remota, acelerando este cambio en los hábitos de consumo de servicios financieros mediante canales digitales.
Esta asimilación por parte de la demanda ha propiciado todavía más la desaparición progresiva de sucursales físicas. Del lado de la oferta, las entidades financieras han apostado por la digitalización no solo por universalizar sus servicios, sino también por una cuestión de ahorro de costes, tanto materiales como humanos, siendo el coronavirus un elemento que ha elevado la presión. Recordemos las recomendaciones de reducir en la medida de lo posible los pagos en efectivo. Antes de la primera ola, cualquier establecimiento requería la introducción del pin de la tarjeta en el datáfono, pero en plena pandemia se favoreció el pago sin contacto. Al mismo tiempo, hemos sido testigos de cómo han ido proliferando los neobancos, una de las máximas expresiones del fintech: entidades financieras nativas de Internet que ya acaparan el 29% del mercado de la banca digital en España.
La educación financiera y su papel dentro de la inclusión financiera
El progresivo abandono de la atención presencial por parte de gran parte de la población tiene consecuencias negativas para, por ejemplo, los entornos rurales. Las entidades tratan de paliar el cierre de sucursales por medio de oficinas móviles o agentes financieros. Estas soluciones no se limitan a ofrecer la posibilidad de realizar gestiones financieras, sino que existe todo un compromiso por formar adecuadamente a los residentes en estos núcleos con menor densidad de población en el uso de las tecnologías para ir reduciendo poco a poco su dependencia al trato personal.
Otro de los efectos de la merma en la red de oficinas es el desamparo de las personas mayores. Acostumbrados a tratar con un empleado de banca de confianza, la imposición del entorno digital en detrimento del físico ha ampliado la brecha digital. Es por ello que la educación financiera de este colectivo tan vulnerable a la expansión de la tecnología constituye todo un reto. La iniciativa ‘Soy mayor, no idiota’, liderada por Carlos San Juan, un jubilado de 78 años, ha hecho visibles las barreras contra las que los ancianos deben lidiar dentro un sistema financiero que los expulsa y los ignora. Su campaña ha desembocado en un decálogo de medidas de choque por parte de la banca que incluye desde la mejora de la usabilidad de los canales digitales hasta acciones de educación financiera para capacitar digitalmente a las personas mayores.
La inversión en crowdfunding inmobiliario y la inclusión financiera
Dentro del capítulo de la inversión, la inclusión financiera pasa también por una mayor educación y compromiso por parte de las administraciones y el sector privado. En España, el acceso a productos de ahorro y crédito está muy desarrollado, pero muchas personas ven la inversión como algo lejano, que no va con ellos, y esto es porque no se ha hecho el esfuerzo suficiente en acercar al ciudadano las diferentes alternativas que tiene para optimizar su dinero. El crowdfunding inmobiliario no solo democratiza la inversión y opera de forma transparente, sino que las plataformas de financiación participativa tienen una base tecnológica para permitir un acceso más universal.
La educación financiera en clave tecnológica es, sin duda, uno de los pilares sobre los que debe sustentarse la inclusión. La formación debe incidir en los beneficios de la inversión online, pero también en los riesgos que implica. La sofisticación que han alcanzado los fraudes informáticos relacionados con nuestra actividad financiera en Internet son una llamada de atención para la ciberseguridad, por eso son vitales tanto la creación de marcos regulatorios como la protección al consumidor. Las plataformas de financiación participativa como CIVISLEND se rigen por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial y están autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que aleja el fantasma del chiringuito financiero.
