La palabra sandbox (caja de arena en inglés) es uno de los mantras que repiten una y otra vez los profesionales relacionados con el fintech. Pero, ¿qué significa realmente? Un sandbox es, en el ámbito informático, una zona de pruebas cerrada, controlada y separada del entorno de producción. En estos ‘areneros’ se testean procesos de un modo seguro y aislado, con el fin de detectar y solucionar los fallos de un proyecto.

Innovación y regulación son compatibles

Dentro del sector de las plataformas de financiación participativa (PFP), lo que se está reclamando es la puesta en marcha de un sandbox regulatorio. Cada día, surgen nuevos modelos de negocio que la legislación actual no cubre, lo que hace que muchas iniciativas pioneras se queden en el camino por culpa de las lagunas legales.

La idea es que instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España vigilen el comportamiento de estas innovadoras empresas dentro de este entorno antes de crear una normativa específica que les permita operar en el mercado real. De este modo, se fomenta el emprendimiento sin descuidar los derechos del consumidor.

Caso de éxito: Reino Unido

La propuesta de sandbox más relevante la encontramos en Reino Unido, donde la idea partió del propio organismo regulador del sistema financiero del país: La Financial Conduct Authority (FCA). La institución británica abrió la recepción de proyectos para el primer sandbox regulatorio en 2016, comenzando a operar en 2017. Actualmente, está teniendo lugar el cuarto, con 29 empresas seleccionadas. En esta ocasión, la FCA tiene puesto el foco en las criptomonedas.

En paralelo, la FCA y 11 reguladores financieros llevan trabajando desde agosto del año pasado en la definición de un sandbox global, el denominado Global Financial Innovation Network (GFIN). Esta red internacional se lanzó oficialmente en enero de 2019 y esta formada por 29 organizaciones procedentes de países como Australia, Canadá o Emiratos Árabes Unidos.

Un sandbox regulatorio en España

A finales de julio de 2018, el Ministerio de Economía presentó a consulta pública el ‘Anteproyecto de Ley de transformación digital del sistema financiero’. Los objetivos del Gobierno son, tal y como recoge el texto “la protección de datos de carácter personal, la protección a los usuarios de servicios financieros y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. Tras la recogida de opiniones, cerrada el 7 de septiembre, el Gobierno mostró su intención de aprobar la ley. Sin embargo, el adelanto electoral ha dejado todo en pausa.

El sandbox regulatorio vendría a articularse en tres fases. En la de acceso, se presentarían los proyectos susceptibles de entrar en este banco de pruebas a través de una ventanilla financiera única. Una vez dentro, se exigirían garantías para proteger al usuario, como el consentimiento informado o el derecho de desistimiento. Por último, se valorarían el resultado. Si es positivo, la obtención de la licencia sería mucho más sencilla.

La puesta en marcha de un sandbox regulatorio en España sería una gran noticia para el crowdlending. Esta especie de experiencia piloto con usuarios reales elevaría la confianza del inversor hacia la financiación alternativa y le daría un abanico más amplio para gestionar sus ahorros. Al mismo tiempo, los supervisores tomarían una mayor conciencia del ecosistema financiero emergente, asimilando sus implicaciones en la economía real y aumentando la competencia.

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