Las webs dedicadas a la financiación alternativa tienen prohibido manejar los fondos de los inversores, tanto los depositados para formalizar los préstamos de los proyectos presentados por las plataformas como los pagos regulares con los que promotores devuelven capital e intereses. Al no poder tocar este dinero, el riesgo se reduce enormemente. La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial es muy clara al respecto en su artículo 52, dedicado a las prohibiciones que afectan a las plataformas de financiación participativa y que estipula que estas “no podrán ejercer las actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión ni a las entidades de crédito”.

El único modo de operar por cuenta de los clientes es contar con una licencia de entidad de pago, algo que queda reflejado en el punto 3 del mismo artículo, señalando que “las plataformas de financiación participativa no podrán ejercer las actividades reservadas a las entidades de pago, y en especial, la recepción de fondos con la finalidad de pago por cuenta de los inversores o de los promotores, sin contar con la preceptiva autorización de entidad de pago híbrida”. La mayoría de las plataformas no cuentan con esta autorización, por lo que llegan a un acuerdo para que una pasarela de pagos les provea de una cuenta corriente ajena a las mismas. Es en ella donde se acumulan los ahorros de los inversores y desde la que se realizan los pagos de los intereses.

Mayor seguridad para los clientes

Estas entidades de pago se desarrollan conforme a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago y son autorizadas por el ministerio de Economía y Hacienda tras un informe del Banco de España en el que se las faculta para realizar servicios de pago. Estos servicios van desde transferencias y adeudos domiciliados hasta pagos efectuados mediante el uso de instrumentos de pago como las tarjetas, y como no, a través de plataformas como CIVISLEND. Este mecanismo evita fraudes y estafas porque limita las competencias de las plataformas de crowdfunding y crowdlending a la intermediación, haciendo que tanto los que presentan los proyectos como los que los financian operen en un entorno más seguro y con mayor confianza.

En el caso de CIVISLEND, la entidad de pago con la que se trabaja es Lemon Way. Es a través de una cuenta del Banco Sabadell creada por la pasarela como se garantiza que los fondos de los inversores están seguros e invertidos en proyectos concretos y no es la propia plataforma. Lemon Way es una entidad de pago de origen francés que nació en 2007 y que está supervisada en Francia por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) y en la Unión Europea por el Banco Central Europeo (BCE). La existencia de un acuerdo con una entidad de pago con experiencia refuerza la independencia de las plataformas ante sus usuarios, ya que es dicha entidad la que se encarga de gestionar todos los pagos y cobros entre inversores y promotores.

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