Acudir a la sucursal bancaria era, hasta hace relativamente poco tiempo, la única vía que tenían las empresas para obtener financiación. De hecho, esta dependencia obligó a muchas profesionales a poner punto y final a sus negocios en los momentos más duros de la crisis. El cierre del grifo del crédito afectó de forma intensa a las compañías del sector inmobiliario. La caída de algunas constructoras y/o promotoras de renombre se unió a la depuración que experimentaron las agencias de intermediación. El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) aseguró que de 2007 a 2008, en tan solo un año, se pasó de 80.000 agencias operativas a la mitad, alrededor de 40.000. Así, la falta de liquidez supuso la quiebra de estos escaparates inmobiliarios a pie de calle.

Con la vuelta de las aguas a su cauce, el sector inmobiliario fue poco a poco remontando. Según la Estadística estructural de empresas del sector servicios elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2008 el número de empresas agrupadas bajo el paraguas de actividades inmobiliarias fue de 120.115, mientras que en 2016, último dato anual disponible, fueron 154.305, lo que arroja un incremento del 28,5% en ocho años. Asimismo, el volumen de negocio de estas compañías superó en 2008 los 21.653 millones de euros, frente a los más de 25.743 de 2016, lo que supone un repunte en este periodo de alrededor del 18,9%.

Por otro lado y según Anuario Mercantil del Colegio de Registradores de España, destacó el aumento de las actividades inmobiliarias de 2016 a 2017, pues pasaron del 7,98% a representar el 9,33% del total, es decir, que aumentaron un 14% su peso en las sociedades constituidas. Datos más recientes aportados por Gedesco apuntan que una de cada cuatro empresas creadas durante el primer trimestre de 2018 pertenecen al sector de la construcción. Sin duda, la apertura crediticia de las entidades tradicionales fue decisiva para la recuperación del sector inmobiliario. Sin embargo, a lo largo de estos años de incertidumbre se fueron sentaron las bases del crowdlending, un método alternativo que permite a las empresas diversificar sus fuentes de financiación con el fin de enfrentarse con mayor seguridad a las contingencias que depara el futuro.

Financiación complementaria

Con el fin de esquivar las restricciones crediticias de los bancos en un contexto económico adverso, las empresas deben plantearse desde el primer momento una estrategia de financiación plural que evite la exclusividad.

Dentro del contexto de la financiación alternativa en España juegan un papel importante las Plataformas de Financiación Participativa (PFPs). Son empresas que desarrollan esta actividad autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. Es importante recordar que estar abierto al crowdlending no implica desestimar a la banca tradicional, dado que ambas fuentes deben ser complementarias. Pese a la agilidad de la tramitación de préstamos por las PFPs, antes de dar el salto hacia la financiación participativa se debe tener en cuenta que las plataformas analizan de forma pormenorizada los proyectos de las empresas que solicitan fondos. Además,  esta vía innovadora de financiación no resulta aplicable a todos los negocios.

Queda claro que cuando existe pluralidad de acreedores se está más protegido. En este sentido, los bancos rinden cuentas a organismos supranacionales que adoptan decisiones en su nombre, como ocurre con el Banco Central Europeo, cuya política monetaria marca el ritmo de la banca española y dilata la toma de decisiones. El hecho de que en las plataformas de crowdlending los fondos sean de inversores privados facilita y agiliza enormemente los procesos. Por último, la constitución de una cartera crediticia variada incrementa las posibilidades de negociación, pudiendo comparar los tipos de interés y plazos de amortización que ofrecen las diferentes vías.

 

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