El artículo 52 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial deja constancia de las prohibiciones a las que están sujetas las plataformas de financiación participativa (PFP) dentro de su régimen jurídico. Entre ellas, hoy vamos a destacar la que niega la posibilidad de que estas puedan “realizar recomendaciones personalizadas a los inversores sobre los proyectos de financiación participativa”, tal y como dice literalmente dicho artículo. Dicho de otro modo, una plataforma como CIVISLEND tiene absolutamente prohibido ofrecer asesoramiento financiero a los inversores dados de alta en su web que tengan la intención de destinar parte de sus fondos a las promociones publicadas en su marketplace.

Una labor como esta entraría dentro de las competencias de las empresas de servicios de inversión o de las propias entidades financieras tradicionales, un papel para el que estas plataformas no solo están imposibilitadas por ley, sino que además no forma parte de su ADN. No nos cansaremos de repetir que vehículos de inversión como CIVISLEND no han llegado al mercado para sustituir a los bancos, sino para servirlos de complemento y contribuir a la mejora de la economía real. Sin embargo, varias voces críticas crean polémica insistiendo en este punto cuando en la propia normativa que regula la actividad de las plataformas queda claro que ciertas funciones son terreno vedado para las mismas.

Un herramienta poderosa llamada rating

En realidad, la existencia de esta prohibición es perfectamente lógica, dado que el conflicto de intereses que podría generar sería mayúsculo. Además, la transparencia y honestidad, entendidas como virtudes éticas e inherentes a la filosofía de estas plataformas, se vendrían abajo si se filtrara información privilegiada. La labor informativa empieza y acaba con el análisis de la viabilidad del proyecto y la calificación de riesgo que se le otorga. Este rating ya constituye en sí mismo una poderosa herramienta que permitirá al inversor tomar la mejor decisión. Se debe recordar que el camino hasta llegar al marketplace no es sencillo, dado que no todos los proyectos que llegan a CIVISLEND superan los criterios de selección a los que son sometidos por los expertos de la plataforma o por la empresa independiente que realiza la due dilligence.

El inversor debe entender que la rentabilidad siempre va unida a un riesgo, y que si necesita consejo sobre cuál es el mejor destino para sus fondos, existen Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) que pueden ofrecerle recomendaciones personalizadas. No obstante, este tipo de servicios no son demasiado accesibles para los patrimonios más modestos. La alternativa son diversos foros de Internet donde coinciden inversores con un perfil financiero similar para intercambiar impresiones, un método no exento de riesgos dado que no está regulado y es muy posible toparse con usuarios que realizan publicidad velada en función de sus propios intereses. En resumen, se podría decir que la desconfianza que de primeras suscita todo lo nuevo, sobre todo, si se trata de algo relacionado con lo financiero, debe vencerse con profesionalidad. La consolidación de estas plataformas a lo largo del tiempo será la prueba irrefutable de su buen hacer.

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