La gestión del patrimonio es un aspecto que los inversores con escasa o nula experiencia siempre han delegado en los empleados de las sucursales bancarias. Lo más habitual hace apenas una década era acudir a la entidad de toda la vida, aquella en la que se tenía domiciliada la nómina prácticamente desde que dio comienzo la vida laboral, y preguntar al contacto de confianza de la oficina de turno qué se podía hacer para darle algo más de vida a esos ahorros que con tanto esfuerzo se había conseguido reunir. Estos profesionales se encargaban de estudiar las cuentas del cliente al detalle para determinar su perfil de inversor. Gracias a este análisis, ponían a su alcance las oportunidades financieras que mejor se ajustaban en función del importe que estaba dispuesto a aportar, el tiempo que deseaba tenerlo inmovilizado y el nivel de exposición que le permitiera estar cómodo sin sobresaltos difíciles de asumir.
En este sentido, el catálogo de productos financieros ofrecidos por la banca tradicional siempre ha estado muy diferenciado en función del perfil de cliente. Tanto los más conservadores como los más agresivos encontraban respuesta a sus demandas, si bien había mucha más variedad de productos a los que solo las grandes fortunas podían acceder, dado que implican un importe de partida muy superior. Es por ello que, mientras las grandes cuentas tenían una amplia capacidad de diversificar, los ahorradores más modestos y prudentes tenían que conformarse con depósitos poco rentables o deuda pública. Con la irrupción del universo crowd, esta situación ha dado un giro espectacular, ya que el importe mínimo para comenzar a crear una cartera de acciones y préstamos colectivos está al alcance de todos los bolsillos.
El inversor debe asegurarse de que la empresa de servicios de inversión que contrate está autorizada consultándolo en la CNMV, ya que podría caer en la trampa de un chiringuito financiero y perder el capital invertido
Desde hace un tiempo, no solo los bancos son capaces de ofrecer productos financieros, sino que también están reguladas para hacerlo otro tipo de empresas como las plataformas de financiación participativa (PFP). Por ley, estas organizaciones no pueden realizar tareas de asesoramiento, dado que se fundamentan en la desintermediación. De hecho, no ostentan la condición de empresa de servicios de inversión, ni entidad de crédito, ni están adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos. En cualquier caso, el funcionamiento de las mismas es tan sencillo que el inversor dispone de toda la información necesaria como para tomar decisiones él mismo. Ya se trate de una persona física o jurídica, o de un inversor acreditado o no acreditado, tiene a su disposición todas las herramientas para ser consciente de los riesgos, desde el rating de cada proyecto hasta su loan to value (LTV) y otras garantías adicionales. No obstante, aquellos que requieran una ayuda extra para configurar sus carteras y lograr la independencia financiera en un futuro, tienen a su disposición las denominadas empresas de servicios de inversión (ESI).
Las ESI suelen trabajar con patrimonios mínimos y cobran al cliente una comisión por prestar sus servicios. El hecho de que el fintech se haya extendido tanto en España como en otros países, ha permitido que muchas de estas empresas operen en Internet, lo que reduce significativamente el coste al no estar sujetas a los gastos fijos que exige mantener operativa una oficina física. Además, el soporte online rompe con los horarios rígidos de atención al usuario y amplifica los canales de comunicación directa. Por otro lado, al estar desligadas de la banca tradicional su independencia es mucho mayor. Es importante que el inversor compruebe que la empresa a la que va a recurrir esté registrada de forma oficial en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Hay que tomar las precauciones que sean necesarias con el fin de asegurarse de que dicha empresa está debidamente establecida y no actúa a espaldas de las autoridades competentes. Si, por desgracia, acaba siendo un mero chiringuito financiero, podríamos ser víctimas de engaño, perdiendo el capital invertido. Este tipo de malas experiencias minan la confianza hacia la inversión alternativa.
Las empresas de servicios de inversión son clave para el inversor que desea pasar de no acreditado a acreditado. Con la entrada en vigor del reglamento europeo sobre crowdlending, será necesario superar un test de idoneidad
No está de más recordar que las ESI se dividen en cuatro tipos fundamentales: Sociedades de Valores (SV), Agencias de Valores (AV), Sociedades Gestoras de Carteras (SGC) y Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI). Las recomendaciones personalizadas que ofrecen resultan de gran valor cuando la intención del inversor se dirige al crowdlending, ya que su papel es fundamental cuando un inversor desea pasar de ser no acreditado a acreditado. Así, la propia Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, especifica en su artículo 82 que «tendrán la consideración de inversor acreditado las personas físicas o jurídicas que acrediten la contratación del servicio de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la plataforma por parte de una empresa de servicios de inversión autorizada».
No obstante, con la futura entrada en vigor del Reglamento (UE) 2020/1503, que regula la actividad de crowdfunding a nivel europeo, se introduce un matiz muy importante. De hecho, esta normativa no prevé una clasificación como inversor experimentado por razón de los servicios contratados. Esto significa que si el inversor no reúne los requisitos para subir de nivel, seguirá siendo no experimentado, aun cuando una empresa de servicios de inversión le preste un servicio de asesoramiento sobre instrumentos de financiación participativa. Por lo tanto, no será suficiente con contratar este servicio. Tal y como expone el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el inversor tiene que superar un test de idoneidad realizado por la entidad de servicios de inversión para comprobar que el producto va en la línea de sus cultura y trayectoria financiera, además de si encaja con su situación financiera y objetivos.
